El trabajo llevado a cabo por distintos organismos, el Ministerio de Salud de la Provincia y la Justicia, terminó con esta medida. Cómo se llegó a esta instancia. El informe al que #TuRadio tuvo acceso y reveló los datos del proceso que lleva más de dos años.
APAND presenta un largo historial de denuncias por abuso, maltrato y negligencias hacia las personas institucionalizadas, habiendo realizado, en base a ello, intervenciones inocuas sin que se hayan tomado medidas efectivas.
Este triste historial está marcado por relatos escalofriantes que describen condiciones inhumanas y una violación sistemática de los derechos de los residentes. En este contexto, se toma la decisión hace 3 años de conformar una mesa de trabajo interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud PBA, Organismo de Niñez provincial, Defensoría del Pueblo de la provincia a través del Órgano de Revisión Local de la Ley de Salud Mental, Comisión Provincial por la Memoria, Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental, IOMA e INCLUIR SALUD.
Entre las acciones, se comenzaron a llevar adelante diferentes inspecciones presenciales de los diferentes organismos, denuncias penales, clausuras provisorias, hasta llegar a la clausura de sus hogares y la prohibición de ingresar nuevos pacientes desde hace dos años.
Además, el Programa Nacional INCLUIR SALUD, dio de baja definitivamente su convenio con la institución. En este contexto se conforma un equipo interdisciplinario en territorio conformado por dos psicólogas, una abogada, una médica y un acompañante terapéutico.
A su vez, se cuenta con el equipo de salud mental de Región Sanitaria IV conformado por 3 psicólogos y un equipo coordinador a nivel central del Ministerio de Salud. Se comenzó la tarea de monitorear y hacer un relevamiento pormenorizado de los residentes, recabando información sobre diagnósticos, planes farmacológicos, prestaciones sociales, red vincular y/o familiar, contactos, situación judicial, tiempo de internación, etc.
La institución contaba con 13 casas en total al momento del comienzo de trabajo de este equipo territorial, siendo una de ellas cerrada por decisión de su dueño, Hogar Marisa Wagner; y desde octubre de 2023 el Hogar Nueva Casa se encontraba intervenido sanitariamente por orden del Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás, a cargo de la Dra Díaz Bancalari.
Cabe destacar que algunos de los hogares se encuentran con clausuras dictaminadas por Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de PBA por no cumplir con las normativas vigentes para el funcionamiento de dichos centros de salud y desde hace dos años la institución no puede ingresar pacientes nuevos.
Actualmente, se comenzará a trabajar con la institución en el cierre de otro de los hogares que se encuentran operativos, pero no habilitados.
Todo este proceso de investigación, que fueron revelados por este medio tras la nota que otorgó el Dr. Nicolás Natalichio, desnudó además un mecanismo de trabajo que garantizaba impunidad a una institución sostenida, y en muchos casos en complicidad, con órganos judiciales, ministeriales e institucionales gubernamentales.