Había sido una denuncia efectuada por la Sociedad Rural en el año 2025; donde se solicitaban datos vinculados a la gestión económica del Municipio con respecto a los caminos rurales. Tan solo durante el año pasado se recaudaron alrededor de $1000 millones, con el adicional de la coparticipación provincial por el inmobiliario rural.
La sentencia definitiva no solo ordena al municipio entregar información clave sobre su administración, sino que también reafirma el alcance del derecho de acceso a la información pública como una herramienta central de control ciudadano.