Sandra Perézlindo, la presidenta de la Asociación del Centro Educativa para la Producción y el Trabajo. Actualmente – tras una decisión comunicada por parte de la Jefa Distrital – se encuentra inhabilitada para ejercer su cargo. Aduce que se encuentra todo en regla y han presentado la documentación. El lunes, junto a las familias de los estudiantes, reclamaron frente a las oficinas de inspectores para que los vuelvan a habilitar y que no haya modificaciones en la modalidad del CEPT Nº 17 de Ireneo Portela.
“Tengo los balances presentados y estamos en trámite de regularización; sospechamos que hay algo atrás de todo esto que están haciendo”, expresó la mujer en diálogo con #TuRadio.
“De Jefatura Distrital nos bajó la orden de arriba de que estamos inhabilitados como ACEPT porque la Dirección General de Escuelas no nos reconoce, funcionamos mucho antes que la CEPT”, expresó.
“Trabajamos con la comunidad, el desarrollo local, hacer eventos, siempre trabajando para el desarrollo local. A la vez, el dinero que se recauda es para la institución. Desde que yo estoy como Presidenta, hicimos los baños, nos llevó dos años, el año pasado con lo de la peña habíamos planeado hacer una galería”, señaló.
“Yo que soy parte, aclaro, empezamos desde hace diez años regularizando un montón de cosas. En un momento se cayó la cuenta del banco, teníamos siete balances del banco que levantar, nos costó, lo terminamos de levantar en el 2018, ahí terminamos los trámites para levantar la cuenta, se podía depositar, pero no sé podía extraer dinero”, agregó.
“Si yo no entrego todos los años en el banco el balance, me cortan la cuenta, o sea, se están contradiciendo en ese sentido”, remarcó.
“La cuenta del banco es de dos, yo autorizo el pago y la tesorera lo tiene que firmar, siempre de forma virtual, o sea que estamos habilitados, tenemos la asamblea porque sino el banco no me habilita. Y yo estoy habilitada hasta noviembre que vence mi cargo junto a la tesorera y al secretario”, manifestó.
“Los padres se revelaron por el tema de por qué nos inhabilitan. A mi citaron y me dijeron que estaba inhabilitada para todo. Me pidieron las llaves, el libro de actas, todo, no me dieron tiempo de reaccionar, hice lo que me parecía correcto”, señaló.
“Desde la sede de inspectores dicen que recibieron la orden de arriba, desde la Dirección General de Escuelas; yo no sé si hubo o no una denuncia, nunca me dieron las copias de las providencias que es como un expediente que mandan de arriba pero no sé qué tiene, no lo pude leer, nunca me lo dieron”, indicó.
“Ellos me manda una notificación el día antes, me la entrega el secretario del CEPT bajo una orden de las inspectoras, al otro día vine porque no sabía de qué se trataba y ahí es cuando me notifican junto a los directivos y ahí quedamos totalmente inhabilitadas”, contó.
“Yo le presento un mail que recibo de la propia Jefa Distrital que me pide que presente la documentación en Personería Jurídica y no en la Cooperación Escolar y ahí viene la contradicción; ella nos manda un mail en julio a la institución, en donde el Secretario a cargo me llama en su momento diciendo que la Jefa Distrital ordenaba que nosotros ordenemos todo en la personería jurídica, entonces nosotros empezamos a hacer todos esos trámites, siempre frente a Personería Jurídica”, añadió.
“Seguramente alguien sospecha o denunció que nosotros nos quedamos con plata de la escuela, es gravísimo lo que pueden decir, no pude dormir en toda la noche porque yo represento a una institución y muchas personas que me eligieron, y tengo las pruebas de que actué de la mejor manera, tengo todos los balances, tengo cómo demostrar que no me quedé con un peso del colegio”, sostuvo.
“Yo le pregunté a la Jefa Distrital si ella leyó las supervisiones porque nosotros como asociación siempre mostramos los avances, y todo tiene un tiempo, y me trató con un desprecio y me dicen ‘ustedes no son nadie’, y entonces ella se lleva que soy la cara visible desde hace muchos años porque vivo a dos cuadras de la escuela y entonces cualquier cosa siempre que van las inspectoras, está la obligación de un miembro de la Asociación esté presente”, aseguró.
“Lo de los $10 mil es a voluntad, uno pide una colaboración, que es la cuota voluntaria que nos permite a los padres ser socios de la institución; comprábamos las cosas que faltaban como azúcar, harina, o el otro día compramos los tubos de las alcantarillas, las impresiones de los boletines”, explicó Perezlindo.
“Nosotros con Natalia Negré nos venía ayudando con el aval para poder seguir funcionando, el Municipio también intervino. También sé que en un momento las inspectoras nos pidieron cinco balances, y solamente debíamos entregarle uno”, aclaró.